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La Ocho

Hace ya más de un mes que desapareció la comandancia de policía de Tijuana, mejor conocida como La Ocho, ubicada en la esquina de la Calle Ocho y Avenida Constitución, en el centro de la ciudad. El 30 de diciembre, el alcalde ordenó la destrucción de la tristemente célebre comandancia y cárcel. Unos días antes, el cabido había aprobado la desincorporación de ese terreno público para su venta.

Al anochecer, los buldózers comenzaron a derribar las paredes. A la mañana siguiente comenzaron a reunirse los curiosos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con pancartas que expresaban su angustia por el acto de urbanicidio que estaban presenciando. Pero la demolición continuó y no se quedó en la comandancia de policía, sino que arrasó con toda la cuadra, que incluían la Estación de Bomberos #1. Construida en la década de 1960, había sido la primera de la ciudad y contaba con todo lo necesario para que los bomberos hicieran su trabajo; incluso tenía una cancha de básquetbol techada.

En menos de una semana, los dos edificios históricos quedaron a ras del suelo, y un montón de escombros es el testimonio de la hegemonía del alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, nacido en National City, California.

¿Cuándo es un edificio más que un edificio?

A veces, cuando pensamos en conservar estructuras, el “tiempo” se reduce simplemente a la datación de los edificios. La cárcel de Tijuana y la estación de bomberos fueron construidas en la década de 1960, pero este hecho define sólo una parte de su legado histórico. El alcalde de Tijuana mencionó que su decisión de demoler los edificios se basó en que eran viejos y tenían daños estructurales, una afirmación dudosa porque jamás se publicó ningún documento del peritaje estructural. Sin embargo, el alcalde no consideró que la memoria colectiva también desempeña una función importante en la legitimación de un edificio como artefacto histórico.

Bustamante agregó que el edificio tenía una historia funesta y “muy malas vibras”; por lo tanto, su permanencia sólo contribuiría a promover una imagen negativa de la ciudad... como si el acto de demoler los edificios eliminara la imagen negativa de un gobierno turbio y sus negocios bajo el agua.

¿Cuáles son los costos de demoler estas estructuras, y son inevitables tales costos para el progreso de Tijuana? Hasta ahora, el fin no justifica los medios: el personal y equipo del Cuerpo de Bomberos están alojados en un lote baldío y usan un tráiler vacío como oficina mientras esperan una nueva estación de bomberos. Por su parte, el cuerpo de policía tenía la intención de convertir la ex comandancia en un museo. No sólo los departamentos de policía y bomberos expresaron su inconformidad, sino también algunos grupos ciudadanos que se plantaron en el sitio.

Una de las voces más fuertes en contra de la demolición y venta del terreno fue “Todos Somos Tijuana”, un grupo conservacionista formado por intelectuales y artistas cuya principal exigencia es que el predio no se venda a una entidad privada, sino que el Municipio lo aproveche para fines culturales, artísticos y educativos.

María Curry, una arquitecto y experta en preservación histórica (y miembro del actual San Diego Historical Resources Board, un consejo encargado de recursos históricos), publicó su opinión en Facebook: “Desafortunadamente, conservar los edificios históricos no forma parte de las políticas de conservación de Tijuana, lo cual es un error, porque los edificios viejos pueden proporcionar muchos beneficios económicos y sociales si integran y aprovechan adecuadamente dentro de la planeación urbana...”

Una miembro del Colegio de Arquitectos de Tijuana, Diana Nieto, expresó en su blog que la reutilización adaptativa hubiera sido un mejor futuro para ambas estructuras. Nieto escribió que muchos países—incluido México—, han readaptado cárceles en desuso para aprovecharlas como instituciones públicas y culturales; por ejemplo, la antigua penitenciaría conocida como el palacio Negro de Lecumberri, en la ciudad de México, ahora alberga el Archivo General de la Nación. El edificio está rodeado por un enorme parque público e instalaciones de investigación. En la lista de ejemplos de reutilización adaptativa de Nieto aparecen otros penales de México.

No cabe duda (salvo en la presidencia municipal de Tijuana) de que las ciudades necesitan edificios viejos tanto como necesita los nuevos. En su libro The Death and Life of Great American Cities [“Muerte y vida de grandes ciudades estadounidenses”], Jane Jacobs escribió: “Las ciudades necesitan los edificios antiguos tan desesperadamente, que sin ellos es quizás imposible que se desarrollen calles y distritos vigorosos. Y no me refiero a edificios antiguos dignos de un museo o a edificios antiguos en condiciones excelentes y costosas de rehabilitación —por más que sean buenos ingredientes—, sino también a una buena cantidad de edificios viejos sencillos, comunes, de poco valor, e incluso algunos edificios viejos bastante deteriorados”.

Las construcciones de Tijuana son exactamente lo que describe Jacobs: edificios comunes, de poco valor, construidos en estilos pseudoarquitectónicos de las épocas neoclásica, modernista temprana y del “California Revival”. Su principal valor es la función que desempeñan como artefactos de la memoria y el lugar que ocupan dentro del conjunto de la Zona Centro de Tijuana y de su trazado original de 1889.

Era lo más natural

“Ya lo sabemos: la vida civilizada se basa en una cantidad enorme de ilusiones con las que todos colaboramos de buena gana. El problema es que después de un rato se nos olvida que son ilusiones y nos impresiona terriblemente cuando la realidad se desmorona a nuestro alrededor”. — J. G. Ballard

Parece ser que a la mayoría de los tijuanenses no les interesa salir a defender el espacio público. Para muchos ya es bastante difícil resolver la vida cotidiana. Para las clases medias y altas, ¿por qué preocuparse?: si las cosas se ponen feas, pueden irse a San Diego.

El Dr. Tito Alegría, un urbanista de El Colegio de la Frontera Norte, señala que el Ayuntamiento de Tijuana tiene un largo historial de venta de terrenos públicos para conseguir ingresos. Incluso cuando se invita a la población a participar en la toma de decisiones para los programas de mejoramiento urbano, la gente no interviene. En 1994, el Ayuntamiento creó el Plan de Activación Urbana (PAU), pero según el Dr. Alegría, sólo cinco por ciento de la población participó en el proceso de toma de decisiones. “Por lo tanto, el desmantelamiento de la comandancia y la venta de la propiedad eran procedimientos naturales para la ciudad”, concluyó.

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